martes, 23 de agosto de 2016

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Aragón es la única comunidad en la que crece el número de presos

El Periódico de Aragon, 22 agosto 2016 (F. Mantecón)

Los sindicatos ven una concentración por cierre o retraso en otras cárceles. Los funcionarios lamentan la falta de protección al no ser agentes de autoridad.

El descenso de la criminalidad y las reformas legales que han despenalizado, a costa de rascarse el bolsillo, algunos comportamientos, no se acaban de notar en las cárceles aragonesas. Lo curioso es que, con la sola excepción de la ciudad autónoma de Melilla, es el único territorio donde esto ocurre.


Según las últimas estadísticas recogidas en la web de Instituciones Penitenciarias, en el último año --comparando los datos de la primera semana de agosto--, los centros penitenciarios aragoneses (básicamente las cárceles de Zuera, Daroca y Teruel) albergaban a 2.083 internos, un 2% más de los 2.041 con los que contaban en el mismo periodo del año pasado.

Un dato que no sería excesivamente llamativo (solo 42 presos más, 8 de ellos preventivos) de no ser porque, a nivel nacional, la cifra ha descendido un 5,6%, de hecho con casi 3.500 reclusos menos, al pasar de 64.529 a 61.072. Y con la citada excepción de Melilla (donde aumentaron un 13%, pero solo hay 292), Aragón es de hecho la única comunidad autónoma donde crece el número de presos.

ROMPE LA TENDENCIA

El crecimiento rompe una tendencia a la baja que se ha mantenido, tanto a nivel nacional como autonómico, desde hace más de un lustro. Así, comparando datos a la misma altura del año, el número de presos en España ha caído un 14% desde el 2012 (de 70.088 a los actuales 61.072) y en Aragón se ha reducido incluso más, un 17,5%, de 2.449 a los recientes 2.083.

De ahí que escame aún más el repunte actual, al que desde Instituciones Penitenciarias no dieron explicación oficial.

Sí la apuntaban fuentes sindicales, concretamente de Acaip. Centrándose en el penal con mayor población reclusa, Zuera, explicaban que, aún con los perpetuos problemas de falta de personal, sigue siendo una de las pocas cárceles españolas con una buena proporción de trabajadores, y relativamente joven.

Por ello, aventuraban, es uno de los destinos escogidos para trasladar a presos de otras cárceles en las que, por falta de personal y medios, se están cerrando módulos. O no se abren los que estaba previsto habilitar, en algunos casos ya construídos pero sin personal para gestionarlos.

Fuentes de Acaip volvieron a insistir, al hilo del trabajo con mayor población reclusa, en la desprotección que les está generando a los funcionarios de prisiones el hecho de no ser considerados como agentes de la autoridad.

El reconocimiento legal estaba previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año pasado, pero finalmente no fue expresamente reflejado por el Gobierno. Quedó a expensas del desarrollo de un reglamento específico para este sector de funcionarios, que nunca acaba de llegar.

Esto supone, por un lado, que si hay una agresión por parte de un interno y se le condena, la pena no se ve agravada por la especial protección a su figura, entre otros aspectos legales. Pero tiene otros efectos más peligrosos para ellos, como el hecho de que, en este hipotético juicio, al no ser figura de autoridad están obligados a dar sus datos personales como cualquier otro ciudadano, con lo que el preso tendrá acceso a ellos a lo largo del proceso judicial.